por Las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción. Esta es una de las garantías que se quiere otorgar a las webs en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.
El Ejecutivo confirmó ayer que el Consejo de Ministros del próximo viernes, día 8, estudiará la fórmula que desarrollará la normativa «antipiratería» contenida en la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. El procedimiento a seguir combina un proceso de autorización judicial muy rápido para el cierre de webs denunciadas -menos de un mes, incluso 24 horas- con otro proceso administrativo previo, más garantista, en el que los responsables de las páginas podrán hacer alegaciones, proceso éste que puede prolongarse hasta tres meses.
En todo el procedimiento, el órgano clave será la futura Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por expertos independientes (ex magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y autoridades de Internet). Ella será la encargada de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez, y de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados.
