por El nuevo procedimiento requiere la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial aunque se mantendrá la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura encargada de centralizar las denuncias de autores o particulares en contra de páginas web. Esta Comisión tendrá representantes de la industria cultural y será la encargada de advertir al propietario de la web en cuestión sobre los contenidos que debe retirar dado que violan la propiedad intelectual.
En caso de que se retiren los contenidos no habría ningún problema, pero si la página web decide no retirarlos, la Comisión acudirá a los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, en la Audiencia Nacional, donde deberán decidir en cuatro días sí se cierra la web, en caso de estar hospedada en España o se bloquea, si está hospedada en el extranjero.
